Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade

By Daniela Del Bene.

Canal Costa de Oro, also known as “Canal Centenario”, is one of the most ambitious and strategic water management projects of the Government of Nayarit, Mexico. It will connect the rivers flowing in the state (Santiago, San Pedro, Acaponeta and their tributaries) for providing irrigation to the crops in the states of Sinaloa and Sonora, where water-thirsty corn and vegetables for exportation are the main agricultural products. The interlinking and inter-basin transfer of water will also require the construction of dams, like the Las Cruzes Dam, and the creation of reservoirs of water, along with tunnels and a hydroelectric plant.

Local communities, farmers and social movements at local and national level oppose the project for its ecological destructive consequences. It will threaten the manglar ecosystem, as well as wetlands and lakes, including the Ramsar site Marismas Nacionales. The damming of the rivers is already affecting the soil deposit along the coast, provoking heavy coast erosion.

Apart from the ecological damages, socio-economic activities of around 20,000 local farmers and fishermen will also be affected. The indigenous communities, the Nayeri and the Cora, will lose their livelihoods and at least 14 ceremonial and religious sites.

The construction work is now ongoing, although no Environmental Impact Assessment has been made public yet by the authority in charge, the Comisión Federal de Electricidad. However, the project plans are not new to the local communities. The Commission has been holding public meetings for the last 5 years, trying to convince people that the project will benefit them. The officials deemed as unfortunate that river waters were “wasted into the sea” and argue that it was impossible to detain progress.

In the last 5 years, local people have organized in many groups; among these, the Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro and the Consejo Indígena Náyeri have taken countless actions and demanded that the whole project should be made known to the people in all its details. Their claims are supported by many scholars and researchers from national academic institutions. Here below, the original call (in Spanish) from the mobilizers. Please join them and express your solidarity to the Consejo Intercomunitario (please write your name, profession and/or institution/organization) at: email hidden; JavaScript is required

Watch the video (3:49 – ES)  Ernesto Bolado dice por qué no debe construirse la presa las Cruces;

 EL CANAL COSTA DE ORO Y PRESA LAS CRUCES, UNA AMENAZA A  MARISMAS NACIONALES

Llamado al pueblo nayarita, a los organismos nacionales e internacionales defensores del medio ambiente y a todos los mexicanos, para detener la destrucción del ecosistema de manglar más importante del Pacífico mexicano.

“El Canal Costa de Oro, también llamado Canal Centenario, es un sistema hidráulico con el que se pretende interconectar los ríos que cruzan por el estado de Nayarit (Santiago, San Pedro, Acaponeta y sus respectivos afluentes), trasvasando gran parte de sus caudales hacia los estados de Sinaloa y Sonora para suplir el creciente déficit hídrico en esas regiones y, particularmente, en sus zonas agrícolas dedicadas a la exportación de productos del campo.

Estos ríos no todos desembocan directamente en el mar sino que constituyen el alimento de agua dulce del ecosistema Marismas Nacionales, una Reserva de la Biósfera y sitio Ramsar, por su gran importancia ecológica. Es una extensa zona de humedales, pantanos y lagunas costeras de noventa kilómetros de largo por treinta de ancho, que comprende desde San Blas hasta el sur de Sinaloa. En ellas viven y proliferan la cuarta parte de los manglares de México, 99 especies endémicas, anfibios, reptiles y grandes mamíferos, como venados y jaguares.

El proyectado trasvase, así como la construcción de las presas asociadas a él y que ya se encuentran en ejecución por la Comisión Federal de Electricidad (la temida CFE), provocarán la disminución severa de agua dulce y el aporte sedimentario que sustenta la biodiversidad de Marismas Nacionales, así como el desequilibrio en las mareas y la inevitable salinización y muerte de este ecosistema del Pacífico mexicano.

Al romperse la correlación hidrológica entre aguas dulces y saladas, al interrumpirse la llegada de sedimentos arrastrados por los ríos hacia las marismas debido a las cortinas de las presas, y al alterarse, en fin, las crecidas estacionales indispensables para la nutrición y supervivencia de un ecosistema lagunar, queda sentenciada su muerte.

Al lado de ello, hay que subrayar la pérdida de sustento de la actividad socioeconómica de, al menos, seis municipios (Acaponeta, El Nayar, Ruiz, Rosamorada, Tuxpan y Santiago Ixcuintla), y de alrededor de veinte comunidades de la cuenca media y baja del Río San Pedro. Más de 20,000 pequeños y medianos productores agrícolas, ganaderos, pescadores, prestadores de servicios ecoturísticos y acuacultores (de ostión y camarón), se verán seriamente afectados debido al corte intempestivo y prolongado del caudal natural de este afluente que exigiría la construcción de la Presa Las Cruces, el llenado de su embalse y su funcionamiento. De llegarse a construir, la cortina principal, de 188 metros de altura, se ubicaría en el sitio conocido como “El Caimanero”, apenas a seis kilómentros aguas arriba de las comunidades de San Pedro Ixcatán, San Juan Corapan y Presidio de los Reyes, donde habitan una importante población de indígenas náyeri o cora.  Además de la cortina principal, el proyecto considera un segundo embalse para la presa de cambio de régimen (con otra cortina de 94 metros de altura), dos túneles de desvío de 39 metros de ancho por 950 metros de largo que  fueron ya cavados, y obras adicionales para generar una producción eléctrica anual calculada en 790 GWh, el 0.9 % de la demanda de la región Centro Occidente para el 2026. Y todo eso a un costo de 7,795 millones de pesos… a repartir.

Por todas las razones expuestas, los pueblos coras, originarios y soberanos en dichos territorios, se han opuesto al trasvase y a la presa Las Cruces que significarían, además, la destrucción  de sus referentes identitarios autóctonos base de su cohesión social, y la inundación y destrucción de, por lo menos, 14 sitios sagrados y centros ceremoniales.

Cinco años transcurrieron en los que, discretamente  –por no decir clandestinamente–, se llevaron adelante trabajos en torno a este ambicioso proyecto en la región, sin que se hubiera dado a conocer una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Comisión Federal de Electricidad (inexplicable tardanza que hace cómplice a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), y sin que se hubiera puesto a la consideración de las poblaciones afectadas por un megaproyecto de esta magnitud, ni hubiera podido ser evaluado por los organismos capacitados para ello como lo marca la ley. Fueron años en los que la Comisión Federal de Electricidad organizó reuniones y asambleas con los pobladores de las comunidades afectadas intentando convencerlos de unas supuestas bondades del trasvase y de la construcción de las presas, con argumentos bochornosos como “hay que evitar que el agua del río se desperdicie desembocando en el mar”, “todos tendrán empleo en la construcción de las obras”, “es inaceptable detener el progreso”. A esto se han prestado instituciones universitarias y organizaciones no gubernamentales contratadas para estas tareas de divisionismo y enfrentamiento en el seno de las comunidades y entre ellas; conflictividad atizada por autoridades gubernamentales en los distintos órdenes de gobierno, interesadas sin razones inteligibles en la ejecución de estas obras, lo que invita legítimamente a sospechar de manejos nada transparentes y hasta con signos de corrupción.

Finalmente, camuflada por el zafarrancho nacional de la Reforma Energética y hecha pública el mismo día en que ésta fue aprobada, se dio a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto hidráulico Las Cruces. Se abrió a partir de ese momento el corto periodo de tiempo, entre uno y dos meses, la consulta pública y la  SEMARNAT decidirá si otorga o no la autorización sin que una verdadera evaluación científica de una documentación tan compleja pueda llevarse a cabo, debido a la dispersión de las voces calificadas a este respecto. Por su parte, el Presidente de la República, de manera sorpresiva y bastante desproporcionada si solo se tratara de una presa y su red de canalización, el 4 de noviembre de 2013, en una gira por  Nayarit,  anunció la construcción del Canal Centenario que, según rezaba el comunicado oficial “ampliará sustancialmente la superficie cultivable de riego y elevará la productividad agroalimentaria del estado (…) en beneficio de más de siete mil productores”. De esa manera se hace aparecer al Canal Centenario como un proyecto local sin que sean accesibles los datos integrales del proyecto.

Los pobladores de la zona inmediata de impacto y del enorme espacio lagunar que sería afectado severamente río abajo (cerca de veinte mil habitantes), se han organizado a lo largo del último quinquenio, destacando el Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro y el Consejo Indígena Náyeri, para exigir la presentación integral de este megaproyecto que les afecta en su subsistencia, y han exigido la suspensión de los trabajos mientras este trámite de elemental justicia no sea discutido pública y científicamente, derecho que les ha sido sistemáticamente negado (ver firmas al calce). Al lado, y en apoyo a estas organizaciones de la sociedad civil, se han manifestado las instituciones académicas relacionadas con la conservación del medio ambiente, con base en una batería de estudios científicos realizados a lo largo de décadas y enfocados a la preservación de las Marismas Nacionales (ver anexo científico); son organismos adscritos a la Universidad Autónoma de Nayarit, a los institutos de Biología, de Ciencias del Mar y de Investigaciones Sociales de la UNAM, así como asociaciones civiles y no gubernamentales vueltas a la defensa de la vida en el mundo y de los grupos humanos que lo habitan (firmas al calce).”